En Madagascar, allanaron las oficinas de un periódico crítico con el presidente. Asociaciones de periodistas denuncian hostigamiento judicial contra La Gazette de la Grande Île.
En 2017, un periodista de investigación, Fernand Cello, fue procesado tras dos investigaciones. La ONG Reporteros sin Fronteras consideró que las “investigaciones por abuso de poder son inquietantes”. Habían pasado casi cuatro décadas desde que un periodista había sido condenado. En ese momento, Andry Rajoelina aún no era presidente.
Pero en la Isla Grande, los tiempos están cambiando. “El Código de Comunicación, reformado en 2020, consagra solo parcialmente el fin de las penas privativas de libertad y varios artículos que se han mantenido sin cambios se refieren al Código Penal”, lamenta RSF, que indica que “las multas previstas en caso de 'difusión de' las informaciones falsas son más pesadas y las posibilidades de que las autoridades cierren medios o suspendan programas son bastante amplias”.
La llegada de Andry Rajoelina al poder parece haber cambiado las condiciones de los periodistas malgaches. En 2021, las autoridades "quisieron prohibir programas y emisiones 'probablemente perturbadoras del orden público' en una decena de medios antes de finalmente desistir", recuerda RSF, lo que provocó que la Isla Grande cayera 41 puestos en su ranking dedicado a la libertad de prensa. en el mundo.
¿Acoso judicial?
Además, lamenta la ONG, sigue existiendo un importante problema legislativo: la Autoridad Reguladora (ANRCM), prevista en los textos, aún no ha visto la luz y “sus prerrogativas están aseguradas por los ministerios de Comunicación y Cultura”.
Consecuencia: la libertad de los medios malgaches, una vez asegurada por poderes sucesivos, ya no está garantizada. El allanamiento, este jueves, en los locales de La Gazette de la Grande Île, por tanto, no sorprende a nadie. Sobre todo porque la dueña de la revista -la única que no está afiliada a un partido político-, Lôla Rasoamaharo, está en la mira del poder. Detenido el pasado fin de semana, el empresario ya está procesado por “intento de extorsión, difamación, amenazas e injurias”.
De acuerdo con RFI radio, el jefe de los medios debe ser llevado a la fiscalía este viernes por la mañana. La justicia reprocha, además de la denuncia contra Lôla Rasoamaharo, atrasos en el pago que datan de 2016 con la empresa nacional de agua y electricidad, Jirama.
Fernando Cello, seis años después de sus propios encontronazos con la justicia, es ahora vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de Madagascar. Cree que La Gazette de la Grande Île “es el único medio que denuncia la injusticia, que se atreve a criticar al presidente y al gobierno”. Cree estar "convencido de que el Estado está detrás de todo esto".